AMARC respalda eliminación de penas de cárcel contra radios comunitarias

Santiago de Chile, 14 de junio 2012. Asociación Mundial de Radios Comunitarias considera que  es un avance para la libertad de expresión en Chile. Terminar con la criminalización a las radios comunitarias amparada en el artículo 36Ba de la ley General de Telecomunicaciones vigente en Chile desde 1991, significa eliminar una importante barrera para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.  La indicación aprobada, el día miércoles 13 de junio,  por unanimidad en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y patrocinada por el Ejecutivo, avanza en este sentido. 

Dicha moción,  introducida en el marco de la tramitación del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, suspende  las penas de cárcel a la radiodifusión sin licencia;  modifica el carácter de delito de acción pública establecido en el Artículo 36Ba  a delito de acción privada, mantiene multas y establece comiso de equipos sólo en caso de reincidencia. Con esto el régimen de sanciones se acerca al principio de proporcionalidad que ha recomendado la Relatoría de Libertad de Expresión, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus informes al Estado chileno.

La indicación,  presentada inicialmente por los/a  diputados/a  Mª Antonieta Saa y Hugo Gutiérrez  y que cuenta con patrocinio del Ejecutivo, solo permite actuar como querellante a la futura  Superintendencia de Telecomunicaciones . Esto evitará la presentación  indiscriminada de denuncias como las  que lleva adelante el gremio empresarial de la radiodifusión ARCHI,  contra las radios comunitarias, o aquellas que son resultado de conflictos o rencillas de origen privado. 

El texto legal en trámite contempla, además, eliminar parte de las sanciones que establece la  Ley de radios Comunitarias, entre las que se incluye  caducación inmediata de  licencia por orden de los Juzgados de Policía Local.   

AMARC, y su capítulo chileno, AMARC Chile, valoran estas modificaciones  y al mismo tiempo expresan  que es necesario un mayor avance para alcanzar estándares de libertad de expresión recomendados por organismos internacionales de Derechos Humanos promovidos por AMARC.  En este sentido, el monto propuesto para las multas de 5 a 1 UTA ( entre  dos millones y medio  y quinientos mil pesos) resulta elevada y expropiatoria para muchos proyectos radiales sustentados por   organizaciones sociales sin fines de lucro,  que no tendrían posibilidad de pagarla.

AMARC ha advertido tanto a las autoridades de este Gobierno y  anteriores,   como a representantes del Parlamento, sobre la grave vulneración a  los convenios suscritos por el Estado chileno en materia de derechos humanos , que significa mantener una legislación que aplica derecho penal, con condenas de cárcel, a actos de libertad de expresión. 

Desde 1991, el Articulo 36Ba ha afectado a radios comunitarias que han debido silenciar sus emisiones, se les han incautado sus equipos, sus  representantes han sido sometidos a arraigo  y obligación de firma ante juzgado de policía local , y sus comunidades de pertenencia también  se ven afectadas  vulnerando su derecho  a contar con medios de comunicación de cercanía y a recibir información diversa y plural. 

En lo que va del año 2012, tenemos por lo menos 4 casos de proyectos radiales comunitarios que han sido afectados por este artículo de la Ley General de Telecomunicaciones.  Estas situaciones han sido informadas por AMARC  ante organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.  Llamamos especialmente la atención sobre la denuncia presentada por la  comunicadora radial  mapuche directora de radio Kimche Mapu, a quien se le aplicó el Articulo 36Ba por emisión “ilegal”, en directa vulneración de la ley indígena y de convenios internacionales de defensa de los pueblos indígenas,  y  en circunstancias que no existen concursos abiertos para concesionar frecuencias en su comuna. 

Instamos a los miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja y al pleno del Congreso, a respaldar estos avances y situar los debates desde un enfoque de derechos ciudadanos, para conseguir una mejor  condición  de ejercicio de la libertad de expresión del país en el continente. Actualmente Chile junto a México, Honduras y Brasil contemplan la criminalización de las radios comunitarias sin licencia, en un marco inequitativo de acceso y distribución de frecuencias.

AMARC lucha por un acceso equitativo a las frecuencias y por despenalizar el uso del espectro sin autorización como parte del ejercicio del derecho a la comunicación y la libertad de expresión. 

En el marco de estas modificaciones, AMARC solicita al Estado transparentar la administración del espectro radioeléctrico como también avanzar en mejores marcos regulatorios para los medios de comunicación en Chile, que incluyan una nueva política pública de comunicación en el país, pues la que nos rige data de la dictadura en 1982. 

María Pía Matta, Presidenta, AMARC 

A través del servicio a sus miembros, el trabajo en redes y el desarrollo de proyectos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC reúne una red de más de 4,000 radios comunitarias, Federaciones y aliados de radios comunitarias en más de 130 países. El principal impacto global de AMARC desde su fundación en 1983, ha sido de acompañar y apoyar el desarrollo de un sector mundial de radiodifusión comunitaria que ha democratizado el sector de medios de comunicación. AMARC aboga por el derecho a la comunicación a nivel local, nacional e internacional y defiende y promueve los intereses del movimiento de las radios comunitarias a través de la solidaridad, el trabajo en redes y la cooperación.

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